En una reunión con el presidente estadounidense Trump el 8 de agosto en Washington, D.C., el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, firmaron la Declaración Conjunta sobre Relaciones Futuras. En ella se comprometieron a "trazar un futuro brillante que no esté limitado por conflictos del pasado, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". La administración Trump y algunos medios de comunicación han recibido la declaración como un "acuerdo de paz histórico". En realidad, esta declaración no es un tratado ni pone fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, que ha durado 37 años. Más bien, este es un marco político que requiere de apoyo y atención a nivel internacional.
La declaración del 8 de agosto insta a las partes a refrendar el Acuerdo de Paz y Relaciones Interestatales, renunciar al uso de la fuerza y a las reclamaciones sobre territorios en disputa, delimitar las fronteras comunes, resolver todas las disputas interestatales mediante los canales legales apropiados, establecer relaciones diplomáticas y cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas. También exhorta a la conclusión del prolongado Proceso de Minsk de la OSCE y promete ampliar las comunicaciones, incluyendo la construcción de una ruta a través de Armenia para conectar Azerbaiyán con su enclave de Najicheván. Dos memorandos firmados con Estados Unidos consolidan el acuerdo en incentivos económicos: Armenia obtiene alianzas en seguridad fronteriza, diversificación energética y tecnología; Azerbaiyán obtiene compromisos en materia de comercio, energía e infraestructura digital.
Expertos de la región han criticado el acuerdo, y uno de ellos lo calificó de "monumento a los temores y la desconfianza mutuos". Sin duda, su fragilidad es evidente. El marco se basa en promesas de inversiones, seguridad en las rutas de tránsito y nuevas regulaciones aduaneras, sin ninguna garantía institucional nacional o multilateral más allá de las palabras de los líderes. Además, Rusia o Irán, ambos con intereses en la región, podrían interpretar una declaración mediada por Estados Unidos como una amenaza y buscar contrarrestarla o intervenir en el proceso de paz.
Al mismo tiempo, las respectivas políticas internas de ambos países agravan la fragilidad del acuerdo. Azerbaiyán reprime la disidencia y restringe a la sociedad civil. Organiza juicios simulados contra detenidos armenios y exige una reforma constitucional en Armenia como condición para la firma de un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, ignora el desplazamiento masivo de armenios de Nagorno-Karabaj en 2023 y descuida las preocupaciones sobre el patrimonio cultural armenio bajo su control.
Por su parte, después de la derrota de Armenia en el conflicto en 2020, perdieron impulso los esfuerzos para enfrentar las violaciones pasadas de derechos humanos (incluyendo aquellas relacionadas con el conflicto de Nagorno-Karabaj) e iniciar amplias reformas basadas en la revolución de 2018. El impulso para el cambio transformador parece haber disminuido, dejando a las instituciones estatales débiles y a la sociedad llena de incertidumbre antes de las elecciones parlamentarias de 2026.
Lo primordial es que el conjunto de acuerdos alcanzados excluye mayoritariamente las medidas que abordarían los derechos y las necesidades de las víctimas, lo que indica a otros líderes autoritarios que las guerras sí pueden resolver disputas y que los incentivos económicos pueden utilizarse para eludir el derecho, la rendición de cuentas y la justicia. La tendencia establecida desde el inicio del conflicto, de que las negociaciones son impulsadas por las élites, continúa. Las víctimas armenias y azerbaiyanas, excluidas del proceso, tienen pocos recursos para el reconocimiento, la justicia y la reparación.
Aun así, a pesar de su fragilidad, la declaración muestra promesa hacia un marco para una paz sostenible. Por primera vez, Bakú y Ereván respaldaron un texto redactado en las capitales de sus propios países, no en Bruselas, París, Moscú o Washington ni impuesto por ellos. Armenia y Azerbaiyán han reafirmado su soberanía mutua y se han comprometido a una interacción pacífica. Y si bien los memorandos de entendimiento enfatizan los lazos económicos con Washington más que entre sí, podrían servir como un paso provisional hacia la cooperación entre estas sociedades agotadas por décadas de guerra y desplazamiento. La cooperación económica podría dar a ambas naciones algo de espacio para respirar, reconstruirse y dialogar.
Sin embargo, una paz duradera requiere priorizar los derechos de las víctimas. Si bien el marco actual presenta deficiencias en materia de rendición de cuentas y justicia, los compromisos establecidos en la declaración, junto con el potencial de cooperación económica, abren una pequeña ventana de oportunidad. Si bien cada país debe afrontar su pasado, cada uno puede aprovechar la oportunidad actual invirtiendo en programas de desarrollo que prioricen a las víctimas y sus comunidades y adopten un enfoque reparador. De este modo, este frágil marco podría servir de base para un proceso de paz más amplio que, con el tiempo, podría incluir la búsqueda de la verdad a nivel binacional, memoriales compartidos y una auténtica reconciliación.
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FOTO: El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan (derecha), el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev (izquierda), y el presidente estadounidense, Donald Trump (centro), muestran la Declaración Conjunta sobre Futuras Relaciones firmada el 9 de agosto de 2024 en Washington, D.C. (Casa Blanca de EE. UU.)
