Un tribunal especial colombiano condenó a 12 ex militares a entre cinco y ocho años de trabajos de reparación por su participación en 135 muertes de “falsos positivos” (asesinatos de civiles y luego informes falsos sobre ellos como combatientes rebeldes) entre los años 2002 y 2005.
El fallo histórico del jueves es la primera vez que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano de justicia transicional de Colombia, emite sentencias individuales contra las fuerzas de seguridad del gobierno por crímenes cometidos en la guerra de décadas con los rebeldes de las FARC que terminó en 2016.
Los oficiales utilizaron los asesinatos, que a menudo tenían como objetivo a jóvenes pobres y discapacitados, para inflar su reputación y obtener ascensos durante la sangrienta guerra contra los grupos rebeldes, que Estados Unidos apoyó bajo el Plan Colombia.
Los crímenes constituyen uno de los once macrocasos que investiga la JEP, creada tras el acuerdo de paz de 2016 para investigar los abusos cometidos por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado. A principios de esta semana, impuso sus primeras sanciones individuales contra líderes de las FARC.
